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Los países pueden tomar medidas como emitir órdenes de captura internacionales, cooperar con otros países para llevar a cabo investigaciones conjuntas y aplicar sanciones económicas y políticas a los países que no cooperan en la lucha contra el crimen.
La petición también debe contener pruebas suficientes para demostrar que la persona ha cometido el delito. Una vez que la petición es recibida, el Estado receptor debe determinar si el solicitante es elegible para la extradición.
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La autora analiza diversos instrumentos jurídicos internacionales con el fin de identificar y rescatar los principios jurídicos y garantías individuales que con el paso del tiempo se han convertido en elementos imprescindibles en todo tratado y ley de extradición.
A la par de los artilugios jurídicos a los que pueden recurrir tanto los Estados como los propios individuos reclamados para conseguir o evitar la extradición, existen prácticas extrajurídicas ampliamente utilizadas por los gobiernos para allegarse de manera rápida de los individuos reclamados; tales prácticas son la entrega informal y el secuestro transfronterizo. En el primer caso, los Estados acuerdan la entrega o intercambio de delincuentes al margen del ordenamiento jurídico aplicable.
En aquella oportunidad, ambos países acordaron crear una comisión para analizar la posible extradición de Cassez a Francia mediante el convenio de Estrasburgo para el traslado de personas sentenciadas.
La prisión preventiva puede ser una experiencia muy traumática para la persona que la sufre, ya que implica la privación de libertad y el alejamiento de su familia y su entorno social. Por esta razón, contar con un abogado experto en prisión preventiva en Países Bajos es fundamental para garantizar los derechos de la persona detenida y defender sus intereses.
Esta disposición se encuentra en el artworkículo sexto de dicho tratado que dice: “La extradición no será acordada si la persona reclamada tiene la nacionalidad del Estado requerido. La calidad de nacional se aprecia en la fecha de la comisión de los hechos”.
Además, aborda las figuras jurídicas del orden público y el fraude a la ley, ampliamente estudiadas por el DIPr, a fin de establecer, para el caso de la primera, los límites que tiene un Estado para obsequiar o denegar una solicitud de extradición, y para el caso de la segunda, la forma artificiosa en que los Estados o el propio reclamado pueden modificar los puntos de contacto o conexión aplicables al procedimiento de extradición, con el fin de obtener beneficios particulares que se traduzcan en el obsequio o rechazo de la petición de extradición.
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Si la Secretaría de Relaciones Exteriores concede la extradición, se lleva a cabo una última audiencia en la cual el juez de distrito determina si los requisitos formales están satisfechos y si la persona a extraditar consiente en ser entregada. Conclusiones
Por otro Extradición México Francia lado, analiza la forma en que México ha asimilado en su derecho interno dicho mecanismo de cooperación y las contribuciones mexicanas al desarrollo, consolidación y creación de normas uniformes de extradición en el ámbito regional latinoamericano. A lo largo de toda la obra, la autora se vale del derecho comparado para estudiar y confrontar las diferentes tradiciones jurídicas en materia de extradición imperantes en los países latinoamericanos y España, con el objetivo de rescatar todas aquellas similitudes que puedan coadyuvar a la creación de las ya mencionadas normas uniformes.
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Mientras Cassez, su familia y partidarios dicen que es inocente y que fue detenida como parte de un montaje de autoridades mexicanas, el gobierno de México asegura que fue juzgada con apego a los derechos humanos.
Aunado al rigor académico con que se abordan los temas de estudio y se emplean herramientas metodológicas como el derecho comparado y el examen de fuentes biblio–hemerográficas y documentales, el texto tiene la virtud de utilizar un lenguaje especializado pero comprensible para el lector no familiarizado con la terminología jurídica.